¡Se puede!

Se ha podido y por tanto, se puede. En Burgos los ciudadanos han dicho BASTA a una clase política que gobierna de espaldas al ciudadano.

Los vecinos llevaban desde noviembre manifestándose contra el proyecto de construcción del Bulevar de la calle Vitoria. Pero claro, hasta que no empezaron a arder contenedores, la prensa no se interesó por las protestas. Parece mentira.

Pero dejando de lado la quema de contenedores, el estallido de Burgos encierra mucho más que una mera protesta vecinal. Queda demostrado con el efecto dominó que ha contagiado a otras 24 ciudades españolas.
¿Tanta indignación por un proyecto urbanístico que en teoría beneficiaba al barrio de Gamonal? Con la remodelación de la avenida, los vecinos tendrían un bonito bulevar con un gran parking que resolvería el problema de aparcamiento del barrio.  Entonces, ¿por qué tanto malestar? Es cuestión de prioridades. Un barrio humilde, con una tasa de desempleo superior a la media estatal, con unos niños en el barrio que iban a quedarse sin guardería municipal por falta de unos 13.000 euros para remodelar la misma, cuando en cambio se podían permitir gastar unos 13 millones de euros en un proyecto urbanístico que los vecinos no ven como prioritario.

En las actuales circunstancias la construcción del bulevar era una operación al servicio de intereses particulares. Los vecinos podrían aparcar más fácilmente, sí, pero pagando allí donde ahora aparcaban mal pero gratis. Muchas familias, muchos jóvenes en paro no pueden permitirse pagar por una plaza de garaje. El problema de aparcamiento de los vecinos se convertía en un negocio muy lucrativo para unos pocos. ¿Quién se iba a beneficiar? ¿Quién había detrás del proyecto? Detrás del proyecto se encuentra el entorno de un constructor condenado por corrupción, ejemplo de la cultura del pelotazo y que controla el poder político local, empresarial y mediático. Su nombre es el de Antonio Miguel Méndez Pozo, o el jefe, como se le conoce en Burgos. Se dedica al ladrillo, es presidente de la cámara de comercio de Burgos, controla la prensa burgalesa (es dueño del Diario de Burgos) y la prensa escrita manchega con su grupo mediático Promecal.

Méndez Pozo controlaba y controla la política urbanística en Burgos. Ya en el año 1992 el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a 12 años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron también siete años y tres meses de prisión, aunque sólo cumplió nueve meses. Más tarde, en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar indultó al corrupto político burgalés. Ha sido una de las empresas de Méndez Pozo la que ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales con los que trabaja la que se iba a ocupar de llevarla a cabo.

Ahora entendemos muchos la ''necesidad'' de una Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP que está pensada como cortafuego de la conflictividad social que nos espera, fruto de una ciudadanía cansada y harta de tanto aprovechado. Pero una ley como esa, que atenta contra el derecho de manifestación, no solucionará nada.

En Burgos la opinión y voz de los ciudadanos se ha impuesto. La clase política debería aprender a gobernar contando con la participación activa de los ciudadanos. La libertad de expresión ha dejado de ser un monopolio al servicio de aquellos que pueden permitirse disponer de un periódico de gran tirada. Hoy, existen las redes sociales y con una fuerza incuestionable.

Mientras sigan con un sistema que no permita la participación ciudadana¿qué recursos nos quedan a los ciudadanos para hacer escuchar nuestras propuestas y opiniones por un Gobierno que entiende la mayoría absoluta como una carta blanca para ejercer un poder absoluto? El pueblo está cansado, el vaso está lleno y una gota puede ser suficiente para dejar de ser pacientes.

En Burgos se ha podido, y por tanto, se puede. ¿Despertamos?